Sobre las medidas de respuesta a la guerra de Ucrania

Esta entrada es un anticipo parcial de un número extraordinario del Boletín Covid de Fedea de próxima publicación.

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El Gobierno español ha respondido a la crisis económica causada por la invasión de Ucrania con una serie de medidas que buscan fundamentalmente suavizar la subida de los precios de la energía y otras materias primas y proteger a los hogares y empresas de sus consecuencias, con especial atención a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables. El grueso de estas medidas se recoge en el Real Decreto-Ley 6/2022, cuya convalidación se debatirá en los próximos días en el Congreso. En este post, que constituye un anticipo parcial de un número extraordinario del Boletín Covid de Fedea que se publicará próximamente, se resumen y valoran las principales medidas y se avanzan algunas sugerencias adicionales.

Recuadro 1: Principales medidas para mitigar el impacto de la guerra

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> Ayudas específicas a los sectores más afectados

  • A los sectores intensivos en el consumo de energía: Reducción de los peajes a los consumidores electrointensivos, ayudas directas a las empresas gas-intensivas, refuerzo de las ayudas contra la fuga de carbono.
  • Al sector del transporte: ayudas directas al transporte por carretera de pasajeros y mercancías y al transporte ferroviario de mercancías. 
  • Al sector primario: ayudas directas a la producción de leche, a la producción agraria, pesquera y acuícola, facilidades para ampliar la superficie cultivada o aprovechada sin pérdida de incentivos al barbecho.

> Apoyo a colectivos vulnerables

  • Ingreso mínimo vital: aumento transitorio de su cuantía en un 15% hasta junio
  • Bono social de electricidad: Prórroga de los descuentos establecidos durante la pandemia y aumento de la cobertura.

> Medidas para reducir los precios de la energía

  • Bonificación temporal en el precio de los carburantes de 20 céntimos por litro o kilo para todos los usuarios, de los cuales 5 corren a cargo de las grandes petroleras.
  • Se prorrogan las rebajas de los impuestos que gravan la energía eléctrica (IVA, Impuesto Especial sobre la electricidad e impuesto sobre la generación eléctrica).
  • Propuesta de “desacoplamiento” del gas y el sistema eléctrico, pendiente de autorización europea.

> Medidas para facilitar el crecimiento de la capacidad de generación renovable

  • Simplificación y agilizacion de ciertos trámites para proyectos de energías renovables. Incluyendo la de valoración del impacto ambiental y la concesión de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica para instalaciones de autoconsumo de energías renovables. 

> Otras medidas

  • Prohibición de despido objetivo por causas ligadas con la guerra de Ucrania para las empresas que se beneficien de las ayudas directas ligadas a la misma o se acojan a ERTEs con bonificaciones de las cuotas sociales.
  • Límites a la actualización de los alquileres de vivienda

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El Recuadro 1 resume algunas de las medidas más importantes. Los dos primeros bloques corresponden a ayudas específicas de carácter transitorio destinadas a los sectores productivos más afectados por el súbito encarecimiento de la energía y otras materias primas y a los hogares con menos recursos. Además de en las industrias electro-intensivas o gas-intensivas, como la producción de aluminio o productos cerámicos, las ayudas a los productores se concentran en el transporte por carretera y los sectores primarios (agricultura, ganadería y pesca). En todas estas actividades, los carburantes y otras materias primas afectadas por la guerra tienen un peso muy importante en los costes de producción y la gran mayoría de los productores carecen del poder de mercado necesario para aumentar con rapidez sus precios en proporción a sus costes. En consecuencia, el shock de precios podría abocar a muchos de ellos al cierre inmediato ante la incapacidad de cubrir costes variables, comprometiendo así la producción de bienes de primera necesidad y amenazando con bloquear el canal fundamental de distribución interna. 

Aunque la elevada capacidad de presión política y social de estos sectores ha jugado sin duda un papel en la rápida concesión de ayudas, éstas tienen también una clara lógica económica dentro de una estrategia de minimización del coste del shock, evitando disrupciones repentinas de la producción y distribución de bienes esenciales y ganando tiempo para ir preparando ajustes estructurales si fueran necesarios. La misma lógica paliativa tienen también las ayudas a los colectivos más vulnerables a través del ingreso mínimo vital (IMV) y el bono social, aunque hubiera sido preferible concentrarse en reforzar los ingresos de estos colectivos en vez de subvencionar los consumos energéticos o tratar de controlar artificialmente sus precios.

Más discutible es que las acciones paliativas deban extenderse al conjunto de las empresas y familias, como se está intentando hacer a través de la introducción de bonificaciones generalizadas al precio de los combustibles, la reducción o suspensión de los impuestos que recaen sobre la electricidad y el esquema de “desacoplamiento” entre los precios del gas y la electricidad que el Gobierno está negociando con la Comisión Europea. Dejando por el momento de lado este último esquema, al que volveremos en el Boletín, las dos primeras medidas comparten tres serios inconvenientes: la generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, tiende a hacer que su distribución sea regresiva e incentiva el uso de energía. La actual situación fiscal de nuestro país, caracterizada por un elevado stock de deuda y un persistente déficit presupuestario de carácter estructural aconseja la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que llevaría a concentrar el gasto en ayudas selectivas a los sectores y colectivos que más lo necesiten y a evitar rebajas impositivas o bonificaciones de carácter general. El uso de estos instrumentos “generales” generaría transferencias de renta hacia grupos poco afectados por el shock, entre los que se incluyen los hogares con ingresos elevados, y estimularía la demanda de energía, contribuyendo a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia por su exportación, que es justamente lo que nos gustaría evitar. Una alternativa preferible sería destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales generados por la subida de precios a compensar a los grupos más perjudicados por tal subida.

Otras medidas también plantean serias dudas. Las limitaciones a la actualización de los alquileres residenciales podrían, quizás, tener sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente. Esta medida va en la misma línea que algunas de las medidas más intervencionistas recogidas en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, actualmente en trámite parlamentario y tenderá, como esta norma, a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector como resultado de la erosión de los derechos de propiedad sobre la vivienda y otras medidas intervencionistas. En cuanto a la “prohibición” del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, al igual que la disposición homóloga en la normativa Covid de emergencia, su efecto será más el de encarecer los despidos que el de evitarlos y podría de hecho tener el efecto contrario al deseado y terminar aumentándolos si sirve para impedir que participen en ERTEs y otros mecanismos de ayuda aquellas empresas que teman tener que despedir al menos a parte de su plantilla.

Por último, el decreto incluye también algunas medidas que intentan facilitar el aumento de la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, simplificando o agilizando ciertos trámites como los informes de impacto ambiental y la concesión de permisos de acceso y conexión a la red para instalaciones de autoconsumo. Ambas medidas van en la dirección correcta, intentando estimular la oferta de energía alternativa a los combustibles fósiles, pero tendrán un efecto limitado. Puesto que es muy probable que el shock tenga componentes permanentes, sería aconsejable tomar medidas más ambiciosas en la misma línea, comenzando por una reconsideración de los planes actuales para el cierre de las centrales nucleares existentes. Los trámites e inversiones necesarios para el alargamiento de sus vidas útiles deberían iniciarse de inmediato.

Próxima publicación

“Boletín Covid/Ucrania no. 16. “Efectos económicos de la invasión de Ucrania y primeras medidas para mitigar sus efectos.” FEDEA, Estudios de Economía Española. Madrid.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC y Director ejecutivo de Fedea.

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