La transición digital

El avance en la digitalización, entendida como una mayor penetración de tecnologías que faciliten y abaraten la conectividad y el tratamiento de información, constituye un objetivo central para la transformación del tejido productivo y el sostenimiento de los niveles de competitividad. No se trata de una aspiración reciente pues, sin ir más lejos, la Unión Europea trazó a comienzos de la pasada década una ambiciosa Agenda Digital y, ya en la segunda mitad de la década, una amplia Estrategia para un Mercado Único Digital. Sin embargo, el avance tecnológico ha ido redefiniendo el foco de lo que entendemos por digitalización, de modo que se ha ampliado el marco tradicional de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para integrar diversos aspectos vinculados a la Inteligencia Artificial, el análisis de big-data, la computación y servicios en la nube, la computación cuántica o el Internet de las Cosas (IoT), entre otros muchos asuntos conectados con la digitalización.

En el contexto actual de apoyo a la transformación productiva en la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación (Next Generation EU) y los Planes Nacionales de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) vinculados a él, se ha introducido también el término de transición digital, en imitación del ampliamente utilizado término de transición energética. De hecho, es frecuente aludir a una twin transition para conectar ambas transiciones. ¿Son realmente transiciones “gemelas”?

Cuadro: Una comparativa de la transición energética y digital

A ese respecto, el Cuadro 1 sugiere algunas similitudes y diferencias entre ambas transiciones en algunos parámetros básicos. Como puede observarse, aunque ambas comparten algunas características comunes (como el efecto pro-competitivo ligado a la reducción de costes), las diferencias son notables. Dos merecen ser destacadas. Por un lado, frente a un objetivo último preciso y cuantificable en el ámbito de la transición energética (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), que a su vez requiere de la consecución de objetivos intermedios, el carácter multidimensional de la digitalización hace que no dispongamos de un único objetivo último sino de un amplio abanico de objetivos deseables a alcanzar y, consiguientemente, de un amplísimo número de instrumentos.

Por otro lado, también merece destacarse el muy distinto grado de sensibilidad social y política entre ambas transiciones. Sin duda, hay argumentos que justifican sobradamente el papel central de la transición energética, dada la preocupación por el que perfectamente puede ser calificado como el mayor efecto negativo de la historia: el impacto de las emisiones causadas por el hombre sobre el cambio climático. Sin embargo, también es cierto que la sensibilidad social y política ante todo lo que tiene que ver con el sector energético es muy alta, mientras que la transformación digital es percibida con escasa polémica, pese a su notable impacto sobre el bienestar de los ciudadanos.

En cualquier caso, el carácter multifacético de la transición digital hace que sea necesario el uso de un indicador sintético para disponer de una métrica de la posición relativa y de los avances. En la Unión Europea se utiliza, desde 2014, el índice DESI (Digital Economy and Society Index) para resumir un amplio conjunto de indicadores sobre el rendimiento digital de los estados miembros. Este índice acaba de modificarse en la reciente edición de 2021 (publicada el 14 de noviembre) para contemplar dos aspectos. Por un lado, los objetivos marcados en la nueva “agenda” de digitalización de la UE, contemplados en la Comunicación del pasado mes de marzo con el título “Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital”.  Por otro lado, para recoger el nuevo contexto marcado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A este respecto, téngase en cuenta que el DESI no es meramente un instrumento estadístico, sino que es una herramienta clave para analizar y evaluar el uso de los fondos europeos y los avances conseguidos en la digitalización pues, como es sabido, los planes nacionales de recuperación deben reservar una parte muy significativa de los mismos (al menos el 20%) para la transformación digital.  De hecho, en países como Alemania y Austria el porcentaje dedicado a la transición digital excede el 50%.

De ese modo, frente a las cinco dimensiones contempladas con anterioridad, el nuevo DESI integra los cuatro puntos cardinales marcados en la Brújula Digital, cuyos objetivos concretos se establecen en una propuesta de Decisión de la Comisión en el pasado mes de septiembre. En concreto, esas cuatro dimensiones son: capital humano, conectividad, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Cada una de esas dimensiones (con igual peso del 25% en el índice sintético) se subdivide a su vez en distintas subdimensiones (con distintos pesos) que integran un total de 35 indicadores (también con distintos pesos). Estos indicadores provienen de Eurostat, de la Comisión Europea y de varios estudios encargados por esta o por las autoridades de regulación nacionales. Para normalizar indicadores con distintas escalas y unidades de medida, se fija unos valores mínimo y máximo, a los que se asigna los valores 0 y 1.

Gráfico 1: Resultados de España en el DESI 2021 (datos de 2020)

El Gráfico 1 muestra la posición relativa de España en el índice DESI 2021, publicado por la Comisión Europea el pasado 14 de noviembre. Como es habitual, la clasificación es liderada por los países nórdicos, junto con los Países Bajos y algunos países de pequeño tamaño. Sin embargo, como puede observarse, nuestro país se encuentra en una mejor posición relativa que los cuatro mayores países de la UE-27. Atendiendo a las cinco dimensiones principales, esa buena posición comparativa (9º) se fundamenta en una excelente posición en conectividad (3º) y en una muy buena posición en servicios públicos digitales (7º), mientras que tiene posiciones más rezagadas en capital humano (12º) e integración de la tecnología digital (16º). Como puede observarse en el Gráfico 2, la posición relativa española ha mejorado en el componente de capital humano, pero no así en el de integración de tecnología digital, en el que sigue sin distanciarse del valor medio del conjunto de la UE-27.  Actualmente, la estrategia española se basa en el programa España Digital 2025, fuertemente apoyado en el PRTR, y en un amplio conjunto de planes o estrategias (Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, Plan Nacional de Competencias Digitales, Plan Digitalización de Pymes Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,..).

Gráfico 2. Evolución de los cuatro componentes principales del DESI en España y UE-27

Como se ha señalado anteriormente, la estrategia europea pasa por un escrutinio de los avances logrados en los indicadores del DESI, apoyada en un marco de gobernanza conjunto, aún en proceso de definición, con el establecimiento de hojas de ruta nacionales. Todo esto se acompaña con dos actuaciones complementarias de la UE en el ámbito digital. Por un lado, un conjunto de normas sobre principios y derechos de la ciudadanía digital. Ello integra múltiples aspectos que incluyen, por ejemplo, una amplia reglamentación sobre la protección de la vida privada y los datos personales, o reglamentaciones sobre sistemas y dispositivos digitales respetuosos con el medio ambiente (Principio Do Not Significant Harm). En ese sentido, se encuentra en proceso de aprobación un nuevo Reglamento de Servicios Digitales. Por otro lado, se encuentra también en ese mismo proceso el nuevo Reglamento de Mercados Digitales, que trata de abordar los problemas de competencia detectados en el ámbito de las plataformas digitales. Concretamente, trata de fijar reglas ex ante para asegurar que los mercados caracterizados por grandes plataformas con potentes efectos de red y que actúan como portales sean mercados disputables para los innovadores, las empresas y los entrantes. Como se explica aquí, es un enfoque novedoso que aúna aspectos de los ámbitos de defensa de la competencia y de la regulación y que se aplicaría a servicios básicos de plataforma y algunos agentes (portales de entrada).