Una de las vías de crecimiento de la generación de origen renovable en los próximos años provendrá de la instalación en residencias, superficies comerciales e industrias de pequeñas unidades de generación eléctrica que operan en régimen de autoconsumo. Es decir, suministran la energía producida a un consumidor o a varios consumidores cercanos, bien aprovechando la red interior del titular de la instalación o bien aprovechando la red eléctrica de distribución, e incluso la de transporte. En todos los casos, las instalaciones de generación deben estar próximas a los puntos de consumo.
La regulación en España del autoconsumo se ha modificado de modo sustancial en los últimos años para facilitar su despliegue y todo parece indicar que está creciendo rápidamente y, probablemente, siga haciéndolo en próximos años. El 21 de diciembre pasado el Consejo de Ministros aprobó la Hoja de Ruta del Autoconsumo en la que, sobre la base de un informe del IDAE, se plantea un objetivo de potencia instalada asociada al autoconsumo de 9 GW (9.000 MW) para el año 2030. Es la primera ocasión en la que se explicita un objetivo en este asunto, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la promoción y crecimiento del autoconsumo, pero no un valor concreto. Esos 9 GW previstos provendrán en gran medida de generación fotovoltaica (FV) que es, con diferencia, la más adecuada para la expansión del autoconsumo. Pues bien, esos 9 GW representarían casi una cuarta parte de toda la generación FV prevista en el escenario objetivo para ese año en el PNIEC (39,2 GW). Se trata, por tanto, de una cifra muy relevante y, sin duda, con consecuencias importantes para el patrón de demanda de electricidad proveniente de la red y para la propia generación inyectada en la red en cada momento. Esto es así porque los autoconsumidores no solo demandan menos energía de la red en la medida en que ellos ya la estén generando, sino que pueden verter en la red la energía generada pero no autoconsumida, habiéndose desarrollado diversos mecanismos regulatorios que lo facilitan, entre ellos, el de compensación de excedentes en la misma factura eléctrica.
Dada la importancia de esta actividad, cabría esperar que dispusiésemos de una medición precisa del autoconsumo. A ese respecto, el RD 244/2019 estableció el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica (RADNE) que, según la norma, “tendrá fines estadísticos para poder evaluar si se está logrando la implantación deseada, analizar los impactos en el sistema y para poder computar los efectos de una generación renovable en los planes integrados de energía y clima. Este registro se nutrirá de la información recibida de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla”.
A fecha de hoy, el RADNE indica que en España hay instalados 505 MW de potencia en autoconsumo, de los que 204 corresponden a FV. El resto, fundamentalmente, a instalaciones de cogeneración que también funcionan en modalidad de autoconsumo. Aunque el RADNE es gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica, en la Hoja de Ruta no se utiliza esa información, pese a ser registral, sino los datos que proporciona UNEF (Unión Española Fotovoltaica) y que indican que en España habría ya en 2020 en el entorno de 1.600 MW instalados de autoconsumo FV. Datos más recientes de la misma organización, elaborados a partir de encuestas a sus asociados, indicarían que la potencia actual estaría ya en el entorno de 2.200 MW, esto es, 21 veces la que recoge el RADNE.
La enorme diferencia entre ambos datos responde, en buena medida, a la muy incompleta información remitida al RADNE por parte de las Comunidades Autónomas. En ese sentido, cuando se analizan los datos públicos del RADNE se observa que hay Comunidades Autónomas que no están proporcionando información (Andalucía, Cantabria, La Rioja) o proporcionan datos no creíbles por lo reducidos que resultan (Madrid, Canarias). En el caso de Aragón, aportando sólo un 1,4% de las instalaciones de generación en autoconsumo, los datos del RADNE indican que, sin embargo, esta Comunidad acumularía un 26,2% de toda la potencia instalada en el país. El propio Ministerio debe ser consciente de que el RADNE no responde a la finalidad para la que fue creado y, como se ha señalado, utiliza información de una organización empresarial en sus propios análisis.
Esta situación es preocupante por dos motivos. En primer lugar, porque hace que el cumplimiento de los objetivos comprometidos para el avance de la transición energética, en términos de potencia, generación y consumo renovables, puede depender de un mix de fuentes de información cuya fiabilidad no está siempre contrastada. Hasta ahora, todos utilizamos la información del Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) para conocer con precisión la potencia, demanda y generación (de cualquier origen) disponible en cada momento. La información sobre medidas eléctricas de la que dispone el Operador del Sistema es ahora, sin embargo, incompleta. En este contexto, el cálculo estadístico de la penetración de renovables para el cumplimiento de objetivos (por ejemplo, sobre el consumo final de energía) va a resultar más incierto.
En segundo lugar, en un entorno de alta y creciente penetración del autoconsumo, una deficiente información podría llegar a tener consecuencias sobre la capacidad de operar el sistema. No hay que perder de vista que un sistema eléctrico debe funcionar en todo momento con un equilibrio perfecto entre la demanda y la oferta y ser capaz de solventar eventos inesperados que puedan poner en riesgo la garantía de suministro. Es obvio que resulta mucho más difícil operar ese sistema cuando el que debe hacerlo no sabe siquiera cuántos autoconsumidores hay, qué potencia instalada tienen ni dónde están. Por ambos motivos, sería necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica abordase este asunto y, como mínimo, mejorase sustancialmente la calidad de la información recogida en el RADNE de modo que cumpliese el cometido para el que fue creado.
