Cuando se considera que existe un problema de cobertura de un servicio que afecta a toda España se crea un Sistema Nacional. En nuestro país existen varios Sistemas Nacionales en relación con necesidades básicas de los ciudadanos: de empleo, de protección civil, de salud … Por ejemplo, en el preámbulo del Sistema Nacional de Salud (SNS) se establece que este integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos. Además, establece la equidad como principio general, entendida como la garantía de que el acceso y las prestaciones sanitarias se deben realizar en condiciones de igualdad efectiva. Como es bien conocido, el SNS está fuertemente descentralizado, lo que no impide que requiera del desarrollo de acciones de cohesión y coordinación con el fin de asegurar la aplicación de estrategias y medidas comunes en el conjunto del territorio.
Sin embargo, pese a que el consumo de agua atiende a una necesidad básica de la población, no hay un Sistema Nacional del Agua. La Ley de Aguas, que regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias estatales en este ámbito, no contempla un Sistema Nacional del Agua (SNA). Básicamente, ese SNA debería disponer de la suficiente y necesaria capacidad de producción, transporte y distribución del agua para todos los españoles, vivan donde vivan.
Debe tenerse en cuenta que, en principio, en el agua hay un techo de disponibilidad del recurso, a diferencia de lo que ocurre con otras necesidades básicas en las que las demandas de la población siempre pueden ser atendidas ampliando la oferta. En el caso del agua, en los años de sequía no se puede equilibrar la demanda con la oferta. Además, la solicitud de agua por parte de algunos territorios hacia otros es, como cabe esperar, mayor en esos periodos de sequía. Pero la parte potencialmente cedente también suele tener situación de escasez en ese momento, por lo que no está dispuesta a compartir sus reservas por miedo a entrar en crisis. El resultado es que no todos los ciudadanos tienen resuelta de la misma manera la demanda de agua para distintos usos, como sí ocurre en otras necesidades básicas. Esta situación de limitaciones rígidas de oferta se ha modificado de modo sustancial con el desarrollo y creciente eficiencia de los procesos de desalación del agua. Por lo tanto, el propósito del SNA debería ser integrar los componentes de oferta, incluyendo trasvases y desalación, con el fin de garantizar el acceso al agua en todo el territorio nacional.
Puede ser útil la comparación de lo que sucede en el ámbito del agua con el ámbito de la electricidad, pues habitualmente ambas se producen en lugares alejados de los centros de consumo. La energía eléctrica es transportada a toda España y se suministra al mismo precio para todos, aunque obviamente los costes de llevar esa electricidad desde los centros de generación a los de consumo no son homogéneos en el territorio. Sin embargo, el agua tiene un precio diferente para cada zona de España, lo que a mi juicio tiene poco sentido tratándose de un bien que cubre una necesidad básica. Naturalmente, un sistema eléctrico y un sistema de agua funcionan de modo muy distinto, si bien las condiciones de monopolio natural en las actividades de transporte y distribución son análogas. Ello no impide que, posteriormente, el precio del agua pueda variar en función de su uso.
