La distribución del gasto público por políticas en el periodo 1995-2024 muestra un peso cada vez mayor de las prestaciones sociales, en especial, de las pensiones, y la sanidad, en detrimento del resto de las políticas

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María Jesús Montero. Foto: La Moncloa
María Jesús Montero. Foto: La Moncloa

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar la distribución por funciones del gasto de las administraciones públicas en 2024 elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE) con el criterio COFOG[1].

El gasto total ascendió en 2024 a 725.001 millones de euros, con una tasa anual de crecimiento del 3,7% medido en euros reales. Esta cantidad aumenta en una décima la relación del gasto de las administraciones públicas con el PIB (hasta el 45,5% del PIB)

Este texto tiene como objetivo mostrar la evolución del gasto público en el largo periodo de tiempo que recoge la serie temporal delimitada por 1995 y 2024 facilitada por la IGAE.

Cabe observar (gráfico 1) que a pesar de las oscilaciones asociadas a los ciclos económicos, en términos agregados la relación con el PIB del gasto público es muy parecida en el primer y último año de la serie, con un crecimiento de tan sólo 1,3 puntos (de 44,13% a 45,47%).  

Gráfico 1

Esta estabilidad, sin embargo, no es extensible a las diferentes políticas que componen el gasto público. La mayor parte han reducido su participación (Gráfico 2). El capítulo de “servicios públicos generales” es el que más lo ha hecho (-2,2 puntos de PIB), como consecuencia fundamentalmente de una buena noticia: el menor pago de intereses de deuda pública derivado de la rebaja del tipo de interés (-2,6 puntos de PIB; de 5,1% a 2,5% de PIB). También han visto reducido su peso la política de “asuntos económicos” (-0,7 puntos de PIB) -en este caso muy concentrada en el subcapítulo de transporte (-1,5 puntos de PIB)-, la de “vivienda y servicios comunitarios” (-0,6 puntos de PIB), la de “defensa” (-0,5 puntos de PIB), “educación” (-0,2 puntos de PIB), la de “orden público y seguridad” (-0,2 puntos de PIB) y la de “actividades recreativas, cultura y religión” (-0,1% de PIB)

Gráfico 2

La política de “protección al medio ambiente” ha mejorado ligeramente su posición en el periodo (+0,2 puntos de PIB) y también la de “salud”, si bien ésta lo ha hecho en un mayor porcentaje (+1,2 puntos de PIB). La más favorecida ha sido la política de “protección social” con un fuerte incremento de 4,3 puntos de PIB. De ellos, las tres cuartas partes de la ganancia corresponden al pago de pensiones (+3,3 puntos de PIB).

El análisis del gasto público en el periodo 1995-2024 medido en euros reales de 2024[2] refleja un aumento de 330.387 millones de euros (+83,7%; de 394.614 a 725.001 millones de euros), de los que la mitad corresponden al capítulo de protección social, y prácticamente casi todo de este capítulo al gasto en pensiones (162.223 de los 169.385 millones de euros de incremento).

El análisis del periodo 2010-2024 muestra que la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros)

Como se puede observar en el gráfico 3, la participación del resto de las políticas en el incremento del gasto real es bastante más reducida. La política de “salud” explica el 17% del total, “asuntos económicos” el 8,9%, “educación” el 8,3% y asuntos económicos el 6,3%.

Gráfico 3

Gráfico 4

Como consecuencia de esta evolución la política de “protección social” ha ido ganado protagonismo dentro del gasto público total (+8,6 puntos de PIB), al igual que la de “salud” (+2,3 puntos de PIB), mientras el resto ha disminuido su peso. Las que muestran una mayor disminución son “servicios generales”, “asuntos económicos”, “vivienda” y “defensa” (-5,5 puntos, -1,9 puntos. -1,3 puntos y -1,1 puntos).

El gasto por habitante puede ser un forma gráfico de ver la evolución de las distintas políticas como preferencia de la política económica aplicada en este largo periodo de tiempo. Como se observa en el gráfico 5, el gasto en pensiones aparece muy destacado (4.212 euros), seguido de lejos por el gasto sanitario (2.102 euros) y el de educación (1.345,6 euros). Más lejos aparece la inversión pública (885,1 euros)[3], familia e hijos (312.5 euros) y vivienda (155,5 euros). La única política que ha aumentado significativamente su gasto por habitante desde 2009 ha sido la de pensiones que le ha permitido llegar al 12,9% del PIB en 2024.

Gráfico 5

El gasto público por funciones en 2024 (gráfico 7) muestra una fuerte concentración en el capítulo de protección social (41%) con una presencia muy importante de las pensiones (28,4% del gasto público total). Las políticas de “salud”, “servicios generales” y “asuntos económicos” le siguen en magnitud (14,2%, 12,8% y 11,2% respectivamente). “Educación es la siguiente en porcentaje (9,1%) y cierra la relación “vivienda y servicios comunitarios” (1,1%)

Gráfico 6

Gráfico 7

Pensiones: 69,3% del capítulo y 28,4% del gasto público  

En síntesis, la evolución del gasto público en el periodo 1995-2024 muestra que la economía española se ha beneficiado de un menor gasto en intereses de la deuda pública por la fuerte rebaja en los tipos de interés (-2,2 puntos de PIB) y que el margen conseguido al que añadir una reducción de la inversión (-1,5 puntos de PIB) y el incremento neto de gasto público (+1,3 puntos de PIB), se ha dirigido básicamente al capítulo de protección social (+4,3 puntos de PIB), con un muy fuerte protagonismo de las pensiones (+3,4 puntos de PIB) y salud (1,2 puntos de PIB). Esta distribución conlleva un patrón de gasto diferente con implicaciones en la redistribución de la renta a favor de algunos colectivos, sobre todo los pensionistas, en detrimento de otras políticas que afectan al resto de la población (acceso a vivienda, familias con hijos a cargo, …) y de la posibilidad de mejorar el potencial de crecimiento de la economía española.

El gran peso alcanzado por la política de pensiones (206.119 millones de euros) y salud (102.942 millones de euros) en un contexto de rápido envejecimiento de la población con la llegada de la generación del baby boom, hacen prevér que a legislación constante, los márgenes presupuestarios serán muy estrechos en el futuro para realizar otro tipo de políticas públicas.


[1] Intervención General del Estado (IGAE) https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/iacogofseries.aspx

[2] Con deflactor del PIB.

[3] Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha dirigido el Gabinete Económico de Comisiones Obreras (1990-2011) y colaborado con el Instituto de Estudios Fiscales. Es analista senior en la AIReF y profesor colaborador de economía aplicada en la URJC de Madrid.

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