Los costes de despido están tasados por Ley en función de parámetros objetivos como el salario y la antigüedad y sujeto a topes en función de las causas objetivas de procedencia (20 días salario/año) o improcedencia del despido (33 días salario/año). Esto ha sido así durante más de cuarenta años, pero recientemente ha surgido un debate en que se pone en duda que las indemnizaciones para despidos improcedentes cumplan con convenios internacionales como la Carta Social Europea revisada, ratificada por España en junio de 2021, o con el convenio 158 OIT ratificado hace décadas. En este contexto se exige un sistema que permite fijar indemnizaciones en función de las características de la persona despedida, que repare los daños sufridos y que sea disuasorio. Dentro del propio Gobierno, la Ministra de Trabajo se ha mostrado a favor de reformar la indemnización por despido improcedente apostando por un “despido restaurativo y disuasorio al estilo europeo”. Por su parte, el sindicato UGT ha presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales pidiendo que el sistema actual sea declarado contrario al Art. 24 de la Carta Social Europea Revisada. Recientemente, una sentencia del TJS Cataluña, de impacto mediático, ha reconocido por primera vez este sistema indemnizatorio abierto en un caso concreto.
Con todos estos antecedentes nos parece importante aclarar el debate jurídico y debatir sobre las ventajas y inconvenientes de una regulación de despido “a la carta”. Lo haremos de la mano de Jesús Lahera, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea. Durante el debate haremos un repaso de la jurisprudencia española y analizaremos las implicaciones jurídicas, políticas y económicas de una posible condena por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales en esta materia.
