Los resultados obtenidos en el “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles”, que publica regularmente Fedea, permiten identificar a los hogares españoles en riesgo de pobreza y examinar cómo les afecta la intervención pública llevada a cabo a través de impuestos (directos, indirectos y cotizaciones sociales, de empleados y empleadores) y prestaciones públicas, monetarias y en especie (educación y sanidad).
Con datos del Observatorio, en 2018, hay 3.935.991 hogares situados por debajo del umbral de pobreza de 9.198 euros de renta disponible equivalente, lo que representa una tasa del 21,1% de hogares en riesgo de pobreza. El umbral y la tasa de pobreza son un poco superiores a los que publica el INE (9.009 euros y 20,7%, respectivamente), debido a las modificaciones que se introducen en el Observatorio en la renta y los impuestos pagados por los hogares, para incorporar el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores.
Si, además de las prestaciones de carácter monetario, únicas consideradas por Eurostat en su definición del umbral de pobreza relativa, extendemos la renta disponible de los hogares añadiendo las prestaciones en especie correspondientes a sanidad y educación que perciben los hogares, el umbral de pobreza por unidad de consumo se eleva hasta 11.229 euros. Con este umbral, la tasa de pobreza se reduce al 14,4%, lo que supone una reducción del número de hogares en riesgo de pobreza del 32% (de 3.935.991 a 2.677.480).
El impacto agregado, medido como porcentaje de la renta bruta equivalente, de los impuestos y las prestaciones para los hogares en riesgo de pobreza y los restantes hogares residentes se muestra en la figura 3.6, que diferencia además en función del sexo del sustentador principal del hogar.
Las prestaciones sociales representan casi un 89% de la renta bruta equivalente del conjunto de los hogares en riesgo de pobreza, un porcentaje 2,6 veces mayor que para los hogares que superan el umbral de pobreza. El peso de las prestaciones en especie (sanidad y educación) es algo más elevado que el de las prestaciones monetarias (básicamente, pensiones).
Dentro de las prestaciones monetarias, las dirigidas a personas en riesgo de exclusión social, entre las que se incluyen los programas de rentas mínimas o de inserción aplicados por algunas comunidades autónomas (el Ingreso Mínimo Vital estatal fue aprobado y se empezó a aplicar en 2020) benefician en 2018 a un 6,6% de los hogares en riesgo de pobreza (unos 260.000 hogares) y a un 2,4% de los hogares situados por encima del umbral de pobreza (unos 350.000 hogares). No obstante, su limitada cuantía (aproximadamente, 4.000 y 4.800 euros de media, respectivamente, por hogar beneficiado), hace que su contribución a la renta bruta represente solamente el 2,2%, en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, y el 0,24% en el resto de hogares.
Los impuestos pagados por los hogares en riesgo de pobreza suponen un 38,3% de su renta bruta, frente a un 35,4% para el resto de hogares. Los impuestos indirectos son un 41,3% del total de impuestos pagados por los hogares pobres, pero solo un 20,8% de los pagados por los demás hogares.
El saldo de la intervención pública (prestaciones menos impuestos) para los hogares en riesgo de pobreza es claramente positivo: un 50,5% de su renta bruta (59,1% para los hogares sustentados por mujeres y 44,9% para los sustentados por hombres), frente a un 1,8% negativo para el resto de los hogares.
Figura 3.6 Impacto agregado de impuestos y prestaciones, según el sexo del sustentador principal, para los hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares (2018)
Por tipos de hogar, los hogares en riesgo de pobreza más favorecidos por la intervención pública a través de impuestos y prestaciones son los formados por personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista. Los menos beneficiados son los formados o sustentados por una persona menor de 30 años y los sustentados por un autónomo.
En general, el saldo de la intervención pública es más favorable cuando es una mujer la principal sustentadora del hogar en riesgo de pobreza. Las principales excepciones son los hogares integrados por una única persona menor de 30 años, los sustentados por un autónomo y aquellos cuyo sustentador tiene más de 65 años.
Como ejemplo de estos resultados, la figura 4.2 resume el saldo de la intervención pública cuando los hogares se agrupan según su composición (número de miembros y rangos de edad).
Figura 4.2 Impuestos y prestaciones totales de los hogares en riesgo de pobreza según la composición del hogar y el sexo del sustentador principal (2018)
Finalmente, el saldo entre prestaciones e impuestos para los hogares en riesgo de pobreza es, en todas las comunidades autónomas, positivo. En porcentaje de su renta bruta equivalente, los mayores saldos corresponden, en orden decreciente, a las ciudades de Melilla y Ceuta y a las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Asturias, todas ellas por encima del saldo para el conjunto de España. En el otro extremo, las comunidades de Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía son las que presentan, en este orden, los menores saldos.
