Felgueroso, F. y A. de la Fuente (2021). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 12.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2021-29, Madrid. DATOS Adjuntos.
En este número del boletín, junto con las secciones ya habituales, el documento incluye una tribuna invitada firmada Miguel Cardoso, Giancarlo Carta, Rafael Doménech y Pilar Mas, de BBVA y una nueva sección dedicada al seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación.
Durante el tercer trimestre de 2021, la economía española se ha mantenido en la senda de recuperación iniciada en marzo, acercándose mucho ya a los niveles de empleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en la mayor parte de los sectores y regiones. Nuestro indicador agregado de empleo asalariado efectivo aumentó en 2,6 puntos entre junio y septiembre de 2021, cerrando el período con un valor de 99,4 que prácticamente nos devuelve a los niveles de 2019. Otros indicadores muestran también un comportamiento positivo. Durante el mismo período, el paro se redujo en más de 350.000 personas, la afiliación aumentó en 160.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo hasta casi la mitad, cerrando septiembre en unas 240.000 personas. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido en estos tres meses en 2,5 puntos, hasta el 16,1%. También tienden a normalizarse los indicadores de uso del tiempo y los ingresos públicos. Tanto los ingresos tributarios como las cotizaciones sociales se sitúan ya por encima de los niveles pre-pandemia, con niveles de recaudación acumulada hasta agosto que superan a los de 2019 en torno a un 3%.
Con todo, la crisis no se puede dar todavía por concluida. Los sectores más afectados (turismo, hostelería y entretenimiento) y las comunidades insulares, muy dependientes de ellos, siguen registrando unas tasas de ocupación efectiva entre un 10% y un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia. También genera una cierta incertidumbre sobre el ritmo real de la recuperación la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo. El dato es, sin embargo, difícil de interpretar. Podría deberse simplemente a la dificultad de medir correctamente el output en las circunstancias actuales o a que nuestro indicador de empleo no recoge variaciones en horas medias de trabajo, pero también podría indicar, en parte, que las restricciones impuestas al despido están obligando a mantener en plantilla durante al menos seis meses a trabajadores en principio redundantes, lo que tiende a reducir la productividad aparente del trabajo.
Desde la publicación del anterior boletín, las principales novedades en materia de medidas para paliar la crisis han sido la nueva extensión, hasta el 28 de febrero de 2022, de los ERTE, las prestaciones por cese de actividad y las medidas extraordinarias de protección del empleo vigentes hasta el momento, la prórroga hasta el 31 de octubre de 2021 de diversas medidas de protección de los colectivos más vulnerables en el ámbito de los suministros básicos y la vivienda, y la modificación del Real Decreto-ley en el que se regulan las “ayudas directas” a las empresas, extendiendo el período de cobertura de las ayudas. Cabe destacar el cambio en el patrón de bonificaciones de los ERTE, que deja de ser descendiente en el tiempo y de primar las reincorporaciones para introducir fuertes incentivos a la formación de los trabajadores afectados, una medida positiva, aunque un tanto tardía. Sin embargo, la extensión indiscriminada de los ERTE más allá de los sectores más afectados por la pandemia nos parece poco acertada, al igual que el mantenimiento de las restricciones al despido. Por otra parte, el nuevo texto que regula a las ayudas directas a empresas sigue planteando los mismos problemas que el original: aunque se clarifica que las ayudas pueden, en principio, cubrir también los costes fijos no pendientes de pago, esta posibilidad se subordina a la devolución de la deuda con aval público, lo que en la mayor parte de los casos la hace irrelevante.
Como novedad, en este boletín comenzamos a dedicar una sección específica al seguimiento del Plan de Recuperación, distinguiendo entre las reformas e inversiones previstas en el mismo. En el primer ámbito, se mantiene una considerable incertidumbre sobre algunas de las cuestiones más sensibles en materia laboral (como la simplificación de las modalidades de contratación y la regulación de la negociación colectiva y de la subcontratación), que deberían concretarse en este ultimo trimestre del 2021. Tanto los sindicatos como el partido minoritario de la coalición de gobierno apuestan por derogar sin más la reforma anterior, a lo que la patronal se opone con firmeza, mientras que otra parte del Gobierno apuesta por una mayor prudencia y el documento de la Comisión que da luz verde a la puesta en marcha del Plan de Recuperación incluye lo que parece una advertencia explícita de que la reforma no debe dar lugar a “obstáculos desproporcionados” para que las empresas se adapten a las circunstancias económicas.
En materia de pensiones, lo que se ha hecho hasta el momento no contribuye precisamente a la sostenibilidad del sistema, que en principio debería ser la primera prioridad en este campo, o a mejorar su equidad intergeneracional. La sostenibilidad del sistema parece fiarse a medidas, como el nuevo factor de equidad intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización o un cambio en el período de cómputo de la pensión inicial, que se acordarían a finales de 2022 y que no se han precisado en el Plan de Recuperación. De momento, la mal llamada “separación de fuentes” en la que se ha avanzado en los PGE de 2020, y en el proyecto de PGE de 2021, incrementa muy sustancialmente las transferencias del Estado para sufragar supuestos “gastos impropios” de la Seguridad Social que, a nuestro entender, en la mayoría de los casos no son tales, traspasando así el déficit al Estado y a futuras cohortes de trabajadores sin hacer nada por atajarlo. Por otro lado, el ahorro que se puede obtener incentivando la prolongación de la vida laboral no parece ni de lejos suficiente como para compensar el muy elevado coste de la vuelta a la indexación total de las pensiones a la inflación y de la derogación del llamado factor de sostenibilidad.
Es también preocupante el reciente acuerdo alcanzado entre los socios de la coalición de Gobierno sobre la futura ley de vivienda, en el que se incluyen medidas que tenderán a agravar los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, desincentivando la inversión privada en el sector. Mejor valoración merecen las reformas previstas en materia concursal y de evaluación de políticas públicas. El anteproyecto de ley de evaluación, que prevé la creación de una nueva división de evaluación de la AIReF, parece apuntar generalmente en la dirección correcta, aunque el proyecto podría beneficiarse de una mayor ambición, especialmente en lo que respecta al grado de independencia del nuevo organismo de evaluación y en las medidas complementarias necesarias para facilitar su tarea. En materia concursal, se ha publicado también un ambicioso anteproyecto que, con buen criterio, apuesta por potenciar los procedimientos preconcursales, dando un mayor poder de decisión a las partes, en detrimento del juez, que pierde protagonismo y adquiere un papel de carácter arbitral. La principal carencia de este anteproyecto es que se ha perdido una estupenda oportunidad para revisar el tratamiento de los créditos públicos, que mantienen sus anacrónicos privilegios procedimentales y sustantivos, con excepciones muy acotadas en el caso del procedimiento especial para microempresas.
En materia de inversiones, hemos intentado aproximar el ritmo de ejecución del Plan comparando el gasto total previsto en cada partida con los pagos realizados hasta el 31 de agosto y las partidas que han comenzado a tramitarse de alguna forma. En este último bloque, incluimos aquellos programas para los que se han abierto convocatorias o licitaciones por parte del Gobierno central o se ha iniciado el proceso de distribución de fondos entre las administraciones autonómicas o locales encargadas de ejecutarlas en última instancia. Como cabría esperar, el gasto ejecutado a finales de agosto era todavía modesto y corresponde casi exclusivamente a partidas que han sido ya transferidas por el Estado a las comunidades autónomas u organismos públicos encargados de ejecutarlas. Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas por una cuantía total de unos 12.000 millones de euros, lo que supone en torno a un sexto del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos. Con cargo a estos fondos se han realizado pagos por un importe total de unos 4.400 millones euros que, como ya se ha dicho, corresponden fundamentalmente a transferencias en bloque a otras administraciones encargadas de la ejecución final de los proyectos. Por tanto, el proceso de ejecución del Plan está todavía en su comienzo y es seguramente demasiado pronto para valorar su ritmo.
